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STS (Sala de lo Civil) de 9 mayo 1984 RJ 1984\2403

Jurisdicción:Civil



Ponente: Excmo. Sr. D. Carlos de la Vega Benayas

Daños morales; omisión por la Compañía Telefónica Nacional de España en las Guías Telefónicas, del nombre, apellido, profesión de Abogado y domicilio del abonado y del número de su teléfono, reclamación de cantidad, determinación en ejecución de sentencia.
La representación de don Adolfo S. B., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de los de Madrid, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía, contra la Compañía Telefónica Nacional de España, sobre reclamación de cantidad.
El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, por la que, estimando en parte la demanda, condenó a la demandada a que pague al actor, como indemnización de daños y perjuicios la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, sobre las bases establecidas en el 8.º y 9.º considerando de esta sentencia, rechazando las demás pretensiones, sin expresa imposición de costas. Apelada la sentencia por la representación de la Compañía demandada, la Audiencia estimó el recurso y en su lugar desestimó la demanda, absolviendo de la misma a la entidad demandada, sin hacer expresa declaración sobre costas causadas en ambas instancias.
La representación del actor interpuso recurso de casación por infracción de ley.
El T. S. declaró haber lugar al recurso interpuesto, contra sentencia de la Audiencia la que dejó sin efecto y dictó segunda sentencia, confirmando la pronunciada por el Juez de Primera Instancia.




Considerandos de la primera sentencia:
CONSIDERANDO: Que, como bien resume la sentencia impugnada, el actor, hoy recurrente, ejercita acción indemnizatoria de los daños morales sufridos como consecuencia de haberse omitido en la guía telefónica de la provincia de Lérida del año 1977 la inserción en letra negrilla del nombre, apellidos, profesión de Abogado, dirección y número de teléfono de aquél, datos que habían figurado en todas las guías a partir de 1960 según contrato o suplemento publicitario y abono de cuota independiente del servicio telefónico, inserción que se reanudó a partir del año 1978.
CDO.: Que la propia sentencia recurrida hace notar terminantemente «la negligencia en que incurre la Compañía demandada (Telefónica Nacional de España) al causar la omisión ya descrita, que no se cuidó de hacer las comprobaciones necesarias y previas a la tirada de la Guía», privando al actor «de su aparición en la Guía en las condiciones estipuladas», «negligencia inserta en el art. 1101 del C. Civ. conforme al cual queda sujeto a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, negligencia o morosidad», responsabilidad por negligencia exigible en toda clase de obligaciones, según el siguiente art. 1103.
CDO.: Que, no obstante lo expuesto, la Sala sentenciadora, a renglón seguido, niega la petición de resarcimiento derivada de esa actuación culposa y contraventora del contrato de publicidad al amparo de la restrictiva y reiterada doctrina de esta Sala relativa a la necesidad de probar la producción efectiva de los daños y perjuicios cuya indemnización se postula, de acuerdo con la formulación jurisprudencial, también reiterada, de que el solo incumplimiento contractual no es suficiente para sancionar el deber de indemnizar, conclusión que se ataca en el único motivo del recurso, formulado al amparo del núm. 1.º del art. 1692 de la L. E. Civ., por violación de los arts. 1101, 1103 y 1104 del C. Civ., y argumento de que los daños morales que alegan están incluso reconocidos en la sentencia y aparecen en los mismos escritos fundamentales del pleito, por lo que, al no ser materiales no precisan de mas prueba, y su determinación dejada al prudente criterio judicial, como se hizo en la primera instancia.
CDO.: Que si bien es cierta la constante cita y aplicación (no siempre adecuada) de la doctrina antes aludida, incluso con el mero y simple alegato de su fórmula estereotipada («el solo incumplimiento no genera el deber de indemnizar»), mas lo es que en buena técnica de realización del Derecho ha de matizarse el encaje de los hechos en esa abstracta formulación en exceso generalizada y, con la vista puesta en los casos decididos a su amparo determinar su auténtico alcance y sentido circunstancial, no otro que el de evitar un injusto provecho en el contratante al socaire del incumplimiento del otro que no haya producido real y efectivo perjuicio o daño, en especial -y muchas de las sentencias que al efecto sientan la doctrina lo precisan así- el de negar el resarcimiento de los perjuicios o ventajas dejadas de obtener con el incumplimiento, meramente contingentes o de puras expectativas no contrastadas, o bien, en los casos de petición conjunta del cumplimiento específico e indemnización, acceder sólo a lo primero, negando lo segundo por entender que la satisfacción del acreedor contratante ya ha de considerarse satisfecha, sin aumentar el resarcimiento o restauración del derecho con repercusión económica de perjuicios no acreditados, lo cual, en definitiva, no excluye la idea de que el incumplimiento (impago de una renta, de un precio, de un hacer o prestar un servicio, una gestión, por ejemplo) no constituya «per se» un perjuicio, un daño, una frustración en la economía de la parte, en su interés material o moral, pues lo contrario equivaldría a sostener que el contrato opera en el vacío y que sus vicisitudes, en concreto las contravenciones de las partes, no habrán de tener ninguna repercusión, contradiciendo así, además, la realidad normativa de la fuerza vinculante del contrato y de sus consecuencias, perfectamente señaladas en el art. 1258 del C. Civ. al decir que el contrato obliga «no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley»; lo que evidencia que la falta de prestación no ha de quedar impune por constituir «in re ipsa» el propio daño o perjuicio, en cuanto frustración factiblemente valorable, sin más prueba que la propia omisión, naturalmente según casos y circunstancias, a lo que la propia jurisprudencia citada como restrictiva da pie al decir «que no siempre» el incumplimiento produce el deber de resarcir.
CDO.: Que justamente porque en el caso del recurso la petición se refiere al resarcimiento de daños morales repercutible o morales indirectos, precisa tener en cuenta que la relatividad e imprecisión forzosa del daño moral impide una exigencia judicial estricta respecto de su existencia y traducción económica o patrimonial y por lo mismo exige atemperar con prudente criterio ese traspaso de lo físico o tangible a lo moral o intelectual y viceversa, paso que, si filosóficamente es tenido por imposible (el del mundo del ser al del deber ser), jurídicamente ha de ser resuelto por aproximación y necesidad pragmática de resolver el conflicto y de dar solución a la finalidad social que el Derecho debe conseguir para evitar la injusticia y cumplir el principio del «alterum non laedere» y con ello la impunidad de tantas y tantas conductas que la actual sociedad tecnificada y burocratizada produce, al abrigo de la masificación de los servicios y contratos colectivos y de adhesión, estatales o paraestatales; y sin olvidar tampoco que en punto a esta clase de perjuicios y daños inmateriales, su producción, su existencia y su realidad, es decir, su prueba, es, paradógicamente, más fácilmente apreciable o perceptible en los casos de incumplimiento contractual, pues ya el hecho de esa conducta en una de las partes en el contrato produce, en curso normal de la convivencia y de las expectativas creadas por la relación negocial intersubjetiva, una frustración, una ruptura de la confianza que es la base de la buena fe (arts. 7.º, 1.º y 1258 del C. Civ.) y aunque una concepción economista y material de la convivencia abonó o amparó en un tiempo una respuesta negativa para resarcir esa frustración, cierto es que hoy aparece superada (como se superó el rechazo de la indemnización de los daños morales a partir de la sentencia de 6 diciembre 1912), o en vías de superación, esa tesis restrictiva merced o gracias a la beneficiosa o compensadora entrada o «irrupción de la ética» (exposición de motivos del Título preliminar del C. Civ., de 1974) en el campo de las relaciones jurídicas, influjo que ha de ser mantenido e incluso reforzado a la vista de los principios sufralegales consagrados en nuestra Constitución de 1978 (RCL 1978\2836): art. 1.º, con su referencia al valor «justicia», y décimo, que consagra y obliga al «respecto del derecho de los demás».
CDO.: Que, consecuentemente, si la Sala sentenciadora, en la resolución que se impugna, admite y declara que hubo negligencia en la Compañía Telefónica y contravención por ésta del contrato de publicidad, debió de sacar las derivaciones lógicas y normales de ese incumplimiento, sin refugiarse en la estricta literalidad y excesiva generalidad de aquella tesis negativa, que ha de ser matizada según casos y circunstancias, concretamente y con más razón, como se ha dicho, en los supuestos de exigencia del resarcimiento por daños inmateriales o relativamente patrimoniales o indirectos, tales la fama, el prestigio, la nombradía profesional, la permanencia en el ejercicio de una actividad dependiente de clientela y anunciada mediante la normal publicidad en los casos en que, como el de autos y recursos, era realizada en la Guía Telefónica según contrato con el cliente o abonado reclamante, Abogado en ejercicio, cuyos datos desaparecieron de la Guía durante un año, con la natural repercusión que ello entraña en punto a la incertidumbre de su baja o cesación profesional, traducible lógicamente en minoración de clientela y otros efectos, tales como, «mutatis mutandi», es corriente en el mundo de la publicidad, en el que la permanencia del anuncio se convierte en necesidad inexcusable para la persistencia del tráfico mercantil, industrial o profesional; por lo que, en definitiva, sentada por la Sala la existencia de culpa en la Compañía, vista y probada por la omisión negligente del nombre y datos del abonado en su Guía, no cabe obviar su natural consecuencia so pretexto de su indeterminación, prueba y producción económica, cuando esa dificultad puede ser superada con los elementos probatorios que se ofrecen, fundamentalmente el hecho mismo del incumplimiento (el daño «in re ipsa»), que es base suficiente para la obtención del valor cuantitativo o repercusión económica («pretium singulare»), bien haciéndolo en el proceso, ora en su ejecución, como autoriza el art. 360 de la Ley Procesal y así hizo el Juez de Primera Instancia al remitir el tema al período ejecutivo.
CDO.: Que lo expuesto determina, consecuentemente, el acogimiento y estimación del único motivo interpuesto, y con él el del recurso, dada la infracción de los artículos que en él se citan, es decir, los 1101, 1103 y 1104 del C. Civ., a los que la Sala de instancia no dio el alcance y eficacia que de sus propios términos resultan, todo ello con los efectos previstos en el art. 1745 de la L. E. Civ.
Considerando de la segunda sentencia:
CONSIDERANDO: Que procede dar lugar a la demanda interpuesta por los razonamientos expuestos en la sentencia de casación, que aquí se dan por reproducidos, con la consecuencia de confirmar la del Juzgado de Primera Instancia, cuyos fundamentos también se aceptan sustancialmente, y sin expresa condena en las costas de ambas instancias.
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